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ASÍ SE PAGÓ UNA PARTE DE LOS 15 MIL DÓLARES POR EL NARCOINDULTO DE CSORGO

  • Foto del escritor: Crispin del Valle
    Crispin del Valle
  • 5 oct 2015
  • 3 Min. de lectura

Nuevas revelaciones en el escandaloso caso de corrupción vinculado al narcotráfico ocurrido en el segundo gobierno de Alan García

Testigo Aracely Ugaz Murga aseguró que el 24 y 29 de marzo del año 2010 realizó el retiro de 8.700 dólares de dos cuentas del Banco de Crédito del Perú (BCP) que era el dinero –que le fue enviado desde el extranjero- por la conmutación del narcotraficante eslovaco Eugen Csorgo.

El dinero por el narcoindulto del preso Eugen Csorgo llegó desde el extranjero.

Una parte de los 15 mil dólares –que Csorgo pagó por la conmutación de su pena- fue enviado a una cuenta del Banco de Crédito (BCP) que la testigo Aracely Ugaz Murga tenía en actividad en el año 2010.

Según las investigaciones, Csorgo pagó 15 mil dólares para recibir la conmutación o la reducción de su pena de 15 a seis años que fue firmada por el expresidente Alan García.

No obstante, ayer se conocieron los detalles, a través de la manifestación de Aracely Ugaz, de cómo se canceló parte de esa deuda: 8.700 dólares.

El referido monto de dinero – es decir los 8.700 dólares- fueron depositados a la cuenta bancaria de Ugaz Murga.

Después, la mujer, amiga del colaborador eficaz Marco Gálvez Tello, hizo el retiro del dinero en dos fechas distintas pero cercanas del año 2010.

El 24 de marzo del referido año, ella retiró cuatro mil dólares, según su declaración realizada ayer en el juicio del caso Narcoindultos.

La fémina dijo, además, que de ese monto de dinero, dos mil dólares los envió a dos cuentas distintas que Gálvez Tello le dio (mil dólares a una cuenta y otros mil, a otra).

Y, la cifra restante – es decir dos mil dólares- los entregó a una desconocida mujer.

Este hecho ocurrió en una agencia del BCP en Pueblo Libre.

El segundo retiro de dinero realizado por Ugaz se llevó a cabo cinco días después a la fecha anteriormente señalada: el 29 de marzo.

Ese día, se dirigió a otra agencia del BCP, también de Pueblo Libre, y retiró 4.700 dólares de su cuenta.

De ese monto de plata, entregó tres mil dólares a la misma desconocida mujer que ya había entregado un monto de dinero cinco días antes.

El saldo restante, o sea mil dólares, lo depositó en una cuenta que Gálvez Tello le dio.

El nombre de esa desconocida mujer es un misterio y es una pieza clave para armar este caso.

En la audiencia de ayer, se conoció además la participación, en el caso Narcoindultos, del dirigente aprista de San Juan de Lurigancho, Jorge Ántero Zegarra Miranda.

Según su manifestación, entre junio y agosto del año 2009 fue a visitar -entre cinco y seis oportunidades- al entonces presidente de la comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, en su oficina del Ministerio de Justicia, para conversar sobre conflictos en el interior del Apra.

Pero eso no es todo. Dijo que en otras cuatro oportunidades fue a la oficina de la comisión de Gracias para apoyar en las revisiones de los expedientes.

No obstante, lo extraño es que en ese tiempo él no trabajaba en dicha comisión.

Tampoco no dio el nombre de la persona que le permitió tener acceso a los expedientes de los postulantes a las conmutaciones o las reducciones de penas de los narcotraficantes.

Posteriormente, el 3 de agosto de ese mismo año, ingresó a trabajar con Facundo Chinguel.

Un hecho que llama la atención es que él fue una de las personas que revisó la carpeta de la conmutación del narcotraficante Eugen Csorgo, que pagó 15 mil dólares para obtener su libertad.

Por su parte, el fiscal Wálther Delgado dio a conocer ayer que no solo se pagó 15 mil dólares por la conmutación de Csorgo sino que su expediente fue mal elaborado ya que él postuló a un indulto y no a una conmutación.

La carpeta de Csorgo carecía de un documento de salud con la firma de la persona responsable y no contaba, además, con un certificado de trabajo.

Se trataba de dos requisitos indispensables.

Zegarra se defendió con el argumento de que él solo revisaba que los datos del expediente concuerden con el del informe del preso. “Yo no revisaba si los documentos eran verdaderos o si faltaba alguno de ellos”, se defendió.

 
 
 

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